La situación ambiental de la ex mina de uranio en Los Gigantes volvió a instalarse en la agenda pública ante la falta de avances en la aprobación del Plan de Cierre del yacimiento, paso indispensable para iniciar la remediación integral del predio.
El ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes dejó de operar a fines de la década del 80, pero desde entonces mantiene pasivos ambientales vinculados a residuos de la actividad extractiva de uranio. El predio se encuentra en una zona estratégica desde el punto de vista hídrico, ya que forma parte de una cuenca que desemboca en el lago San Roque, fuente clave de agua para el área metropolitana.
En los últimos años, el sitio volvió a generar preocupación tras denuncias públicas sobre una presunta afectación en el sistema de impermeabilización de uno de los diques de contención que almacenan residuos. A esto se suman antecedentes como el temporal de 2021, cuando ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora dañaron un dique auxiliar. Según informes oficiales, en ese caso no se registraron impactos ambientales significativos, ya que contenía agua de lluvia, pero el episodio reavivó el debate sobre el estado de las instalaciones.
El Plan de Cierre fue presentado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo nacional responsable del predio y proponente de la remediación. Sin embargo, el proyecto aún se encuentra a la espera de aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía de Córdoba, que actúa como autoridad provincial de control.
Mientras tanto, persisten interrogantes sobre los monitoreos ambientales. Según trascendió, el último relevamiento de polvo en suspensión data de 2017, aunque existen estudios más recientes vinculados a la calidad del agua. La falta de información actualizada en algunos indicadores alimenta la demanda de mayores auditorías y controles independientes.
El conflicto se enmarca en una discusión más amplia sobre los pasivos ambientales de origen nuclear en la provincia. En ese contexto, también se menciona la situación de la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba, donde continúan los reclamos por residuos históricos de la actividad.
En la Legislatura provincial ya ingresaron pedidos de informes para conocer los motivos de la demora en la aprobación del plan y el estado de las evaluaciones técnicas. Sin embargo, más allá del debate parlamentario, el eje central sigue siendo la necesidad de una definición administrativa que permita avanzar con obras de remediación definitiva en uno de los puntos ambientales más sensibles de la región.
