El concejal de San Isidro por La Libertad Avanza, Alberto Montes, fue intimado por la Justicia para regularizar un plan de pagos acordado con una empleada municipal que lo denunció por un hecho de abuso sexual, ocurrido en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito de Boulogne.
El acuerdo económico, fijado en 12 millones de pesos en concepto de resarcimiento, establecía una cancelación en cuotas. Sin embargo, ante demoras en algunos desembolsos, el juzgado intervino para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el edil.
La denuncia se originó a partir de un episodio registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a Montes ingresar a una oficina y mantener un contacto físico con la trabajadora, quien reaccionó inmediatamente golpeándolo en el rostro. El hecho ocurrió cuando el dirigente ya había sido electo concejal, aunque todavía no había asumido su banca.
Mientras el conflicto civil avanzó hacia un acuerdo económico entre las partes, la investigación penal continúa su curso. La causa está caratulada como "abuso sexual" y, tras el rechazo de un pedido de sobreseimiento, quedó encaminada hacia la instancia de juicio oral, que podría realizarse en octubre.
En su defensa, Montes sostuvo en su momento que se trató de una broma. El caso generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que reclamaron una respuesta institucional más firme y promovieron sin éxito iniciativas para apartarlo de su cargo en el Concejo Deliberante.
