En una resolución histórica para las finanzas nacionales, la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió revocar el fallo adverso por el caso YPF. Gracias a esta determinación, la Argentina queda eximida de abonar una cifra superior a los u$s16.100 millones por la estatización de la compañía. El tribunal ratificó que el proceso llevado a cabo en 2012 no generaba las responsabilidades reclamadas inicialmente.
La Cámara de Apelaciones basó su decisión en que las reclamaciones por daños no eran reconocibles bajo el derecho público argentino. De esta manera, se anuló la sentencia previa de la jueza Loretta Preska, quien había fallado a favor de fondos privados en 2023. El fallo representa un alivio directo sobre la totalidad del monto en disputa por la petrolera YPF.
Los magistrados cuestionaron por qué el caso se encontraba en Estados Unidos si la actividad subyacente ocurrió en territorio local. La defensa argentina sostuvo que la jurisdicción adecuada para tratar este conflicto era la Justicia nacional. Este planteo técnico fue determinante para que los jueces de alzada revisaran y revocaran el fallo inicial de forma contundente.
Con esta victoria judicial, el país evita un desembolso que, sumado a los intereses, ya alcanzaba los u$s18.000 millones. El presidente Javier Milei celebró la noticia a través de sus redes sociales junto a su equipo de gestión y el CEO de YPF. Aunque los demandantes pueden acudir a la Corte Suprema, expertos legales ven pocas chances de que el máximo tribunal tome el caso.
El anuncio oficial fue difundido inicialmente por el vocero Manuel Adorni en un contexto de fuerte repercusión política y financiera. La resolución también dejó sin efecto la orden de junio de 2025 que obligaba a entregar acciones de YPF para satisfacer la sentencia. Se cierra así, por el momento, el litigio más oneroso de la última década para la administración pública.
