La empresa Aires del Sur, fabricante de los aires acondicionados Electra y Fedders, radicada en Tierra del Fuego, quebró tras acumular deudas y atravesar un profundo deterioro financiero. La compañía había solicitado su propia quiebra a principios de año, en medio de una situación económica crítica. Finalmente, la Justicia decretó la quiebra luego de que fracasaran los intentos por vender la firma a capitales chinos. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial.
De acuerdo con datos de la administración que asumió a fines de 2025, la empresa presentaba una “estructura económica y financiera profundamente deteriorada”. Entre los factores señalados se encuentran la preventa de equipos y la utilización de cheques diferidos para sostener la operatoria. Estas prácticas, sumadas al contexto general, agravaron la situación de la compañía. El escenario derivó en una acumulación de pérdidas que volvió inviable su continuidad.
“El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos”, indicaron los representantes de la firma. En paralelo, allegados a la empresa señalaron que el desenlace se anticipó tras el fracaso de las negociaciones con el grupo chino Chigo. La compañía necesitaba una inversión mínima de cinco millones de dólares a cambio de ceder hasta el 80% de su paquete accionario. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron.
La quiebra de Aires del Sur dejó a 140 empleados sin trabajo, profundizando el impacto social de la crisis. Previamente, la empresa había dejado de abonar sueldos y premios, lo que generó conflictos con el personal. Además, interrumpió los canales de diálogo con los trabajadores. También se ausentó de audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo.
El cierre de la firma representa un nuevo golpe para el entramado industrial de Tierra del Fuego, particularmente en el sector de electrodomésticos. La falta de inversiones y el deterioro financiero terminaron por sellar el destino de la compañía. Ahora, el proceso judicial continuará con la liquidación de activos. Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores afectados.
