El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba para reconstruir los desplazamientos de Manuel Adorni dentro y fuera del país. El requerimiento, presentado ante el juez Ariel Lijo, exige el acceso a registros migratorios completos desde enero de 2023 hasta la actualidad. Esta decisión busca determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos para fines personales.
La fiscalía solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle exhaustivo de cada ingreso y egreso del país. La medida alcanza también al periodista Marcelo Grandío y a otros acompañantes que integraron vuelos bajo sospecha. El objetivo principal es identificar patrones de viaje y posibles vínculos entre los implicados en fechas coincidentes.
El foco de la investigación se centra inicialmente en un vuelo realizado a Punta del Este durante el carnaval de 2026. Según el dictamen, se busca establecer si hubo otros trayectos similares financiados de forma poco clara. La Justicia analizará fechas, horarios, pasos fronterizos y los medios de transporte utilizados por los involucrados.
Pollicita también puso la lupa sobre la trazabilidad de los datos cargados en los sistemas oficiales de control. El fiscal pidió identificar a los agentes estatales que intervinieron en la carga y modificación de los movimientos migratorios. Esta medida incluye el relevamiento de usuarios, direcciones IP y terminales utilizadas para procesar la información de Manuel Adorni.
Por otro lado, se solicitó la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para analizar la conducta de los funcionarios. La causa investiga si el pago de vuelos privados por parte de terceros encubre una maniobra de malversación de caudales públicos. Se espera que la documentación de las empresas de aviación aporte claridad sobre la facturación de estos servicios.
