La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal rechazó los recursos presentados por la Nación y ordenó la aplicación inmediata de los artículos que garantizan la actualización salarial. Este fallo judicial representa un revés decisivo para la estrategia oficial de suspender la norma mediante decretos.
La resolución exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esta normativa dispone la actualización de haberes para el personal docente y no docente de las universidades públicas. Además, la Justicia solicitó la recomposición urgente de todos los programas de becas estudiantiles en el país.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán calificaron los argumentos del Estado como "poco serios". Según los magistrados, el impacto fiscal de la medida es bajo y no afecta el interés público. Por el contrario, resaltaron que lo que está en juego es el derecho constitucional a la educación superior.
La cautelar original fue dictada por el juez Enrique Cormick tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El magistrado había señalado rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" en el decreto que frenaba la ley. Más de 40 universidades nacionales respaldaron la presentación legal contra el recorte de fondos.
Esta disputa judicial ocurre tras un clima de fuerte tensión social y masivas marchas federales. Durante 2024 y 2025, miles de personas se movilizaron en todo el país bajo el lema "Si hay veto, hay marcha". La comunidad educativa continúa reclamando la plena vigencia de la inversión universitaria frente a los intentos de ajuste.
