La causa por el hundimiento del ARA San Juan atraviesa desde este lunes una etapa considerada fundamental en el juicio oral que se desarrolla en Santa Cruz. Después de las primeras audiencias, en las que los ex jefes navales imputados rechazaron las acusaciones en su contra, el debate avanzará ahora sobre un terreno clave: el análisis técnico del estado en que se encontraba el submarino antes de su última misión.
En esta nueva instancia, el tribunal escuchará a especialistas, ingenieros y ex comandantes vinculados a la embarcación, con el objetivo de reconstruir si la nave estaba en condiciones de operar cuando zarpó de Mar del Plata, el 25 de octubre de 2017. La fiscalía sostiene que el submarino presentaba deficiencias importantes y que incluso había superado ampliamente los plazos obligatorios de mantenimiento.
Buena parte de la atención estará puesta en el área conocida como “Proyecto Submarino”, encargada de las tareas de reparación y control de las unidades. A partir de los testimonios, se intentará determinar cómo había quedado el ARA San Juan tras la reparación realizada en 2015, si los problemas detectados en viajes anteriores fueron efectivamente corregidos y si, antes del viaje final, se respetaron las medidas de seguridad correspondientes.
Para los familiares de las víctimas, esta ronda de declaraciones puede resultar determinante. La querella mayoritaria, que representa a 34 familias, sostiene que los testimonios permitirán contrastar la postura de los acusados con datos técnicos, documentos y relatos de personas que trabajaron directamente con el submarino. En ese marco, insisten en que se esclarezca por qué la embarcación fue destinada a tareas operativas pese a los cuestionamientos sobre sus condiciones.
En el juicio están acusados el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Correa, todos imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado. Al mismo tiempo, el proceso continúa atravesado por una discusión sobre la participación del Ministerio Público Fiscal, luego de que solo dos de los cuatro fiscales designados fueran autorizados a intervenir, una decisión que ya fue apelada ante la Cámara de Casación.
