Este jueves 26 de febrero, el Senado de la Nación debate la polémica reforma de la Ley de Glaciares (26.639) en una sesión trascendental para el medio ambiente. El proyecto impulsado por el Ejecutivo busca modificar los límites de protección actual para fomentar la minería a gran escala en la zona cordillerana. La discusión central gira en torno a la seguridad jurídica para inversiones y la preservación de las reservas de agua estratégicas del país.
La iniciativa propone redefinir las áreas protegidas, limitando la custodia estricta solo a glaciares con funciones hídricas significativas. Esta nueva categoría genera dudas entre especialistas por la ambigüedad de su interpretación técnica y legal. Además, se otorga a las provincias un rol protagónico en el Inventario Nacional de Glaciares y la gestión de sus recursos naturales.
El oficialismo argumenta que estos cambios son necesarios para dar previsibilidad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Senadores de provincias como San Juan y Catamarca apoyan la medida como un motor de crecimiento económico regional. El objetivo es armonizar la conservación del recurso hídrico con el desarrollo de proyectos extractivos en la alta montaña.
Desde la oposición y sectores científicos advierten sobre un posible vacío legal al flexibilizar los controles en el ambiente periglaciar. Estas zonas de suelos congelados son fundamentales para el suministro de agua en poblaciones que sufren sequías prolongadas. La crítica principal radica en que el retroceso de estándares ambientales podría ser irreversible ante el calentamiento global.
"No estamos ante una mejora técnica de la ley, sino ante un recorte de sus alcances para beneficiar proyectos específicos", señalaron referentes ambientales. Mientras se desarrolla la sesión, diversas organizaciones sociales se manifiestan frente al Congreso en defensa de los ecosistemas andinos. El resultado de la votación marcará un precedente histórico en la política ambiental y económica de Argentina.
