Detectan 180 mil certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas

El Gobierno nacional detectó 180 mil certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas, tras un cruce de datos entre organismos oficiales. La irregularidad fue identificada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) junto al Renaper, en el marco de una auditoría iniciada en los últimos meses. Las autoridades aseguran que se trata de una irregularidad sistémica de escala masiva y evalúan llevar el caso a la Justicia.

Según informaron fuentes del Ejecutivo, 178.000 beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como fallecidos, pero continúan activos en el sistema de asistencia estatal. El hallazgo surgió tras un exhaustivo cruce de bases de datos entre Andis y el Registro Nacional de las Personas. Desde el Gobierno calificaron la situación como una posible estafa al Estado.

La auditoría fue impulsada por el actual interventor de Andis, Alejandro Vilches, quien asumió el cargo en septiembre. Su llegada se produjo luego de la salida del anterior titular, envuelto en una fuerte polémica institucional. La intervención abrió una revisión integral del funcionamiento del organismo.

Ante la gravedad del hallazgo, el Ejecutivo autorizó la baja inmediata de los certificados de discapacidad observados. Además, se analiza iniciar acciones legales contra los responsables de la maniobra. El foco no estará solo en quienes cobraron beneficios indebidos.

Las autoridades apuntan especialmente a prestadores de salud que habrían facturado servicios a nombre de personas fallecidas. Para eso, el plan oficial prevé un segundo cruce de datos destinado a identificar a profesionales y entidades involucradas. La investigación podría ampliarse en las próximas semanas.

El descubrimiento se conoce en medio de un clima de alta tensión política por los intentos del oficialismo de derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esa iniciativa finalmente fue resistida en el Congreso. El caso sumó presión sobre la agenda oficial.

Mientras tanto, la auditoría integral continuará abierta e incluye también la revisión de pensiones no contributivas y la compra de medicamentos de alto costo. Desde el Gobierno adelantaron que los resultados finales serán oficializados al finalizar el primer trimestre de 2026.