El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para impugnar una resolución judicial que restringe la participación de fiscales en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia ocurrida en 2017 en la que murieron 44 tripulantes.
La presentación fue realizada por los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Franco Pruzan y María Garmendia Orueta, quienes solicitaron que se deje sin efecto la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El tribunal había establecido que únicamente dos representantes del Ministerio Público pueden intervenir durante el debate oral.
Según esa resolución, los otros dos fiscales quedarían impedidos de participar en las audiencias y tampoco podrían realizar los alegatos finales si no estuvieron presentes durante la totalidad del proceso.
La medida había sido confirmada luego de que el tribunal rechazara un recurso de casación presentado por la fiscalía contra una decisión tomada en diciembre de 2025. En aquel momento se justificó la limitación con el argumento de mantener la igualdad entre las partes durante el juicio.
Sin embargo, los fiscales sostienen que esa restricción afecta la autonomía del Ministerio Público y contradice lo establecido en la Constitución Nacional. También plantearon que el principio de igualdad de condiciones en un proceso judicial no implica que acusación y defensa deban contar con el mismo número de representantes, sino que ambas partes tengan las mismas oportunidades para ejercer sus funciones.
Además, cuestionaron la disposición que impide realizar alegatos a quienes no hayan asistido a todas las audiencias, al considerar que se trata de una regla que no está prevista en la normativa procesal vigente y que podría afectar el normal funcionamiento del organismo.
El juicio busca determinar las responsabilidades de cuatro exoficiales de la Armada Argentina en el hundimiento e implosión del submarino, uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de las Fuerzas Armadas del país.
Desde la fiscalía también remarcaron que el equipo que lleva adelante la acusación fue designado por el procurador general interino Eduardo Casal, por lo que consideran que el tribunal no tiene facultades para modificar esa integración.
