Los tres dirigentes del Surrbac se presentaron como querellantes en la causa sobre las acusaciones de la concejala de Cambiemos.
Exigen que se retracte y que pague una suma de un millón de pesos por daños y perjuicios. "Sesma no tiene pruebas sobre una supuesta corrupción en un convenio colectivo", manifestó Franco Saillén.
"Los beneficios están por ley, acá no se dan prácticas extorsivas". agregó el gremialista.