Tensión en Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares: impugnaciones, fallo judicial y cruces políticos

El inicio de las audiencias públicas estuvo marcado por cuestionamientos de la oposición, respaldo judicial al oficialismo y episodios de tensión entre legisladores.


25 mar, 2026 16:20
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Política y economía: Tensión en Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares: impugnaciones, fallo judicial y cruces políticos

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares arrancó en la Cámara de Diputados en un clima de fuerte conflictividad política e institucional. Mientras sectores de la oposición impugnaron el desarrollo de las audiencias por presuntas irregularidades, el oficialismo celebró un fallo judicial que rechazó la suspensión del proceso impulsada por organizaciones civiles.

Las exposiciones comenzaron por la mañana bajo la coordinación de legisladores de La Libertad Avanza, en el marco de un esquema que prevé dos jornadas: una presencial y otra virtual. La metodología definida limita la cantidad de oradores diarios y establece tiempos acotados de intervención, lo que generó críticas por supuestas restricciones a la participación ciudadana.

Distintos bloques opositores cuestionaron el formato al considerar que vulnera normas vigentes y acuerdos internacionales vinculados al acceso a la información y la participación pública en temas ambientales. Además, señalaron cambios en las condiciones originalmente pactadas en comisiones, como la reducción del tiempo de exposición.

En paralelo, el oficialismo destacó la decisión de la Justicia en lo contencioso administrativo federal que desestimó una cautelar presentada por ONG, lo que permitió avanzar con las audiencias. Sin embargo, desde la oposición anticiparon nuevas presentaciones judiciales que podrían modificar el escenario.

El comienzo de la jornada también estuvo atravesado por incidentes dentro del recinto, donde dos diputados protagonizaron un fuerte cruce que estuvo cerca de escalar a una pelea física.

El proyecto en discusión propone modificar la ley vigente desde 2010, transfiriendo a las provincias mayores facultades para definir el uso y la protección de zonas glaciares y periglaciares, sin afectar el acceso al agua. La iniciativa cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias mineras, pero enfrenta resistencia de sectores políticos, ambientales y distritos que advierten sobre posibles riesgos en la disponibilidad de recursos hídricos.

A pesar de las tensiones, el oficialismo apuesta a lograr dictamen en las próximas semanas y avanzar hacia su aprobación en el recinto, aunque con un margen ajustado y sujeto a eventuales cambios en las posiciones legislativas.



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