El Gobierno dio un nuevo paso en su plan de modernización del régimen laboral con la circulación de un borrador actualizado del proyecto de reforma que busca transformar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. La iniciativa, respaldada por sectores empresariales, se enmarca en un proceso más amplio de ajustes, negociaciones y debate que atraviesa a distintas áreas del Estado.
El texto propone excluir de la aplicación de la normativa laboral tradicional a las contrataciones de obra y servicios, así como a la Administración Pública, y avanza sobre múltiples ejes del derecho laboral. Entre ellos se incluyen los regímenes especiales, los procedimientos judiciales, las vacaciones, las licencias, las indemnizaciones y la regulación del trabajo en plataformas digitales.
Vacaciones más flexibles
El borrador ratifica el derecho a un período anual de vacaciones pagas, pero habilita acuerdos individuales o colectivos para extender su duración, siempre respetando los mínimos legales vigentes. Además, mantiene el período legal para el otorgamiento de licencias -entre el 1° de octubre y el 30 de abril- y exige que la fecha de inicio sea notificada con al menos 45 días de anticipación.
El proyecto también contempla la posibilidad de acumular días en situaciones excepcionales, con autorización de la autoridad de aplicación, y permite el fraccionamiento del período vacacional.
Banco de horas y jornada laboral
En materia de jornada de trabajo, la reforma incorpora un sistema de banco de horas, que habilita la compensación voluntaria de horas extras mediante acuerdos escritos. De esta forma, las horas trabajadas en exceso en una jornada podrán compensarse con menos horas en otro día, sin superar los límites legales establecidos.
Indemnizaciones y despidos
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un fondo o sistema de cese laboral, incluso autogestionado por el empleador. El cálculo de este esquema incluirá el salario básico, sumas habituales y antigüedad, pero excluirá pagos extraordinarios, premios y gratificaciones.
Para los despidos con causa, se prevé la notificación electrónica y se garantiza el derecho del trabajador a ejercer su defensa tanto en sede administrativa como judicial. En paralelo, se detallan beneficios sociales considerados no remunerativos -como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares, capacitación y sepelio- y se habilita la incorporación de “componentes retributivos dinámicos” mediante negociación colectiva o decisión empresarial.
Accidentes, enfermedades y reincorporaciones
El borrador reconoce la validez legal de los certificados médicos digitales y establece la intervención de juntas médicas para evaluar incapacidades laborales. También fija criterios para la reinstalación del trabajador o la extinción del vínculo, con distintos esquemas indemnizatorios.
En los casos en que la Justicia declare ilegítimo un despido, se refuerza el mecanismo de reincorporación. El trabajador podrá optar entre volver a su puesto o cobrar la indemnización correspondiente. Si elige regresar, la empresa deberá regularizar la relación laboral y abonar los salarios caídos.
Asimismo, se establecen reglas específicas para situaciones de incapacidad definitiva. Si el trabajador no puede retomar sus tareas habituales, el empleador deberá asignarle funciones compatibles. De no ser posible por causas ajenas a la empresa, el contrato se extinguirá con la indemnización prevista en el artículo 247. En cambio, si el empleador no reasigna tareas pudiendo hacerlo, se aplicará la indemnización completa del artículo 245.
El nuevo borrador anticipa un debate profundo en el Congreso y con los distintos actores del mundo laboral, en un contexto de fuerte discusión sobre el alcance y el impacto de la reforma en los derechos de los trabajadores y en la dinámica del empleo.
