La Cámara de Diputados llevará adelante este miércoles 25 y jueves 26 de marzo dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de una fuerte polémica por la decisión del oficialismo de limitar la participación a solo 400 oradores, pese a que se registraron cerca de 100 mil inscriptos.
El esquema fue definido por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), que resolvió dividir el proceso en dos jornadas: una presencial y otra virtual. En la primera podrán exponer cerca de 200 personas, mientras que en la segunda lo hará un número similar a través de Zoom. El resto de los inscriptos deberá enviar su postura por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos. Además, se estableció que solo podrán asistir presencialmente los 66 diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, junto con dos asesores por legislador, lo que también generó críticas.
El criterio de selección de oradores prioriza a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país, con el argumento de garantizar una representación federal. Sin embargo, la oposición —incluyendo sectores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas— cuestiona la medida por considerar que restringe la participación ciudadana en un tema de alto impacto ambiental.
En paralelo, la organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para exigir que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. El planteo recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico, quien deberá resolver si corresponde ampliar el esquema previsto por el Congreso.
Según estimaciones, permitir la exposición de la totalidad de los inscriptos implicaría extender las audiencias durante aproximadamente 500 días, considerando un ritmo de 200 oradores por jornada.
El proyecto en debate, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. Entre sus puntos centrales, busca redefinir las zonas protegidas y habilitar actividades económicas —como la megaminería y la explotación hidrocarburífera— en áreas periglaciares, actualmente restringidas.
La iniciativa también plantea eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en esas zonas, siempre que cuenten con una evaluación de impacto ambiental favorable, y transferir a las provincias mayor poder de decisión sobre qué territorios proteger.
Mientras gobernadores aliados impulsan la reforma con el argumento de atraer inversiones, organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce y afectar ecosistemas clave.
