La Legislatura aprobó una ley previsional que declara la emergencia en la Caja de Jubilaciones

La Legislatura provincial aprobó este jueves una ley que declara la emergencia del sistema previsional público, impulsada por el gobierno de Martín Llaryora, con el objetivo declarado de atender el déficit de la Caja de Jubilaciones, que actualmente asciende a unos 700.000 millones de pesos y que, según estimaciones oficiales, podría superar los 821.000 millones en 2026.

La iniciativa fue sancionada pasada la medianoche, luego de una sesión que se extendió por más de ocho horas. El proyecto recibió 38 votos afirmativos, correspondientes al bloque oficialista y legisladores aliados, mientras que 32 legisladores de la oposición se pronunciaron en contra. La UCR, el Frente Cívico y distintos monobloques rechazaron la norma.

La ley, compuesta por 13 artículos, declara la emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional por un plazo de cinco años, con posibilidad de prórroga por única vez. Entre sus disposiciones, habilita al Poder Ejecutivo a implementar un esquema redistributivo de aportes personales, con ajustes de entre el 2% y el 8%, y a otorgar un adicional mensual no remunerativo destinado a compensar la deducción del aporte personal.

Durante el debate, la vicepresidenta de la Cámara y miembro informante del oficialismo, Nadia Fernández, sostuvo que la norma permitirá restituir hasta el 82% del haber jubilatorio, mediante un adicional no remunerativo, al 60% de los jubilados que perciben menores ingresos. En ese marco, afirmó que “no es cierto que haya un aumento del 8% respecto de la situación actual como se pretendió instalar”.

Fernández explicó además que, incluso en los salarios más altos, “el incremento real es del 4% ya que el otro 4 se deja de descontar”, en referencia a la eliminación del aporte al Fondo de Cobertura de la Caja prevista en el articulado. Según indicó, el esquema apunta a que quienes perciben mayores haberes realicen aportes más elevados.

La norma también faculta al Ejecutivo a transferir la administración de subsistemas previsionales a entidades gremiales que lo soliciten formalmente y modifica el denominado “impuesto a la viudez”, incorporando criterios de solidaridad para casos de acumulación de ingresos elevados. Además, establece que el aporte solidario se aplicará solo cuando la suma de ingresos supere un determinado umbral de haberes mínimos.

Otro de los puntos incluidos refiere a la deuda que la Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones. En ese sentido, el texto instruye a los legisladores nacionales por Córdoba a gestionar las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento del convenio de financiamiento vigente. Al respecto, Fernández afirmó que “esto no es un favor ni una negociación política discrecional sino el cumplimiento de un mandato legal vigente”.

Desde la oposición, los cuestionamientos se centraron en el impacto de la ley sobre los trabajadores activos y los futuros jubilados. La legisladora radical Brenda Austin advirtió que el proyecto habilita al Ejecutivo a aumentar los aportes personales y sostuvo que “cada vez que aumentan los descuentos a los activos, la consecuencia inmediata es que bajan las jubilaciones”.

En la misma línea, el legislador del Frente Cívico Walter Nostrala consideró que la iniciativa no resuelve los reclamos planteados por los jubilados y cuestionó que no se avance en una solución estructural para el sistema previsional. Otros bloques opositores coincidieron en señalar que la norma otorga amplias facultades al Ejecutivo y que las compensaciones previstas no modifican el esquema de fondo.

La sesión incluyó modificaciones de último momento al articulado, incorporadas a partir de propuestas de legisladores aliados, y se desarrolló en paralelo al tratamiento de otras iniciativas económicas, entre ellas el Presupuesto 2026, que continuaba en debate durante la madrugada.