El fiscal federal Ramiro González imputó al ex mandatario siguiendo la denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA). González dio curso a la denuncia e impulsó la investigación disponiendo las primeras medidas de prueba.
La Oficina Anticorrupción acusaba a Macri de haber realizado movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes, para dar la apariencia de legalidad a dineros que pudieron haber obtenido en forma espuria.
La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia (IGJ), alertaba además sobre la posibilidad de que el ex mandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Según surge de la denuncia, Macri mintió cuando declaró poseer el 14 por ciento de las acciones de AGRO G, cuando en realidad tenía el 20 por ciento; y además, sigue la denuncia de la OA, omitió haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma, hecho que se evidenció cuando, sin haber declarado previamente su titularidad, las trasfirió a un fideicomiso ciego.
De la lectura completa de la denuncia, que cayó en manos de la jueza María Servini, se desprende que Macri se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020, "lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G S.A".
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