Con fuertes cruces, la Legislatura aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria

En una sesión marcada por tensiones políticas, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley que establece la Procuración Penitenciaria Provincial, un organismo destinado a supervisar y controlar las condiciones de detención en cárceles y alcaidías de la provincia. La iniciativa, impulsada desde el oficialismo, busca fortalecer los mecanismos de control del sistema carcelario, actualmente atravesado por una situación de emergencia y con cerca de 17 mil personas privadas de libertad.

El nuevo ente funcionará dentro del Poder Judicial con autonomía funcional y sin superposición de tareas con el Ministerio Público Fiscal u otros organismos de control. Tendrá la responsabilidad de inspeccionar lugares de detención, emitir recomendaciones, solicitar medidas urgentes ante vulneraciones de derechos e impulsar acciones constitucionales para la protección de las personas detenidas.

La presentación del proyecto estuvo acompañada de fuertes cuestionamientos de la oposición, que abandonó sus bancas cuando comenzó la intervención de la legisladora que encabezó la iniciativa. Solo un legislador opositor permaneció en el recinto, permitiendo que la sesión continuara y que el oficialismo alcanzara el quórum necesario para avanzar con la votación.

Durante el debate, se aclararon varios puntos que habían generado controversia, como la duración del mandato del procurador, que será de cinco años con posibilidad de una única reelección, así como la estructura del organismo, que incluirá procuradores adjuntos y secretarías designadas por el Poder Ejecutivo. También se ratificó que los cargos no estarán acompañados de beneficios jubilatorios especiales.

A pesar de estas precisiones, los legisladores opositores mantuvieron sus objeciones. Las principales críticas se centraron en los costos que implicará la puesta en funcionamiento del organismo, cuyos cargos tendrán remuneraciones equiparadas a las de las jerarquías superiores del Poder Judicial. Además, señalaron la ausencia de concursos públicos para acceder a los puestos y consideraron que los requisitos profesionales para ocuparlos son insuficientes.

Tras la sesión, dirigentes opositores reiteraron su rechazo y manifestaron que la aprobación del proyecto representa una decisión política costosa y carente de mecanismos adecuados de control ciudadano.