El Poder Ejecutivo logró la media sanción de un proyecto de ley que impulsa la derogación de normativas aprobadas durante 16 gestiones diferentes, al considerarlas “obsoletas e innecesarias”. El proyecto lleva el nombre de ley Hojarasca.
En ese contexto, el gobierno logró aprobar la iniciativa con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones.
En esa línea, las leyes a derogar son aquellas que han sido "superadas por normas posteriores", las que se volvieron "obsoletas o sin efecto" por el paso del tiempo, aquellas que "afectan libertades individuales". Además, otras que generan burocracia y algunas que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos. Algunas datan de la época de la última dictadura militar y otros gobiernos de facto.
La iniciativa había sido enviada en octubre de 2024 a la Cámara baja, pero nunca se puso en discusión. A fines de marzo pasado, el texto volvió a ingresar y obtuvo dictamen de comisiones el 21 de abril. Con las modificaciones que sufrió, se pasó de 63 a 59 las leyes que se propone derogar en su totalidad. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos.
Entre las leyes que forman parte del listado y resonaron por su absurda vigencia aparecen una referida a prohibición de azotes a una persona (N° 94); la "Ley del Lobizón" (N° 20.843), de padrinazgo presidencial; la que autoriza las emisiones de televisión en color (N° 21.895); la que crea el carnet de mochilero (20.802); y la referida a carrera de palomas (27.171).
Durante el debate, la oposición planteó su preocupación por la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.
La sesión fue convocada por el Gobierno, y el foco era asegurarse el control de la agenda parlamentaria.
