La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevas medidas y evidencia, mientras sus repercusiones comienzan a sentirse también en el ámbito político. El diputado nacional Esteban Paulón advirtió que el caso “golpea directamente la narrativa libertaria y la autoridad política del funcionario”.
El origen de la causa está vinculado a cuestionamientos sobre el financiamiento de un viaje de Adorni a Punta del Este. Según Paulón, recientes allanamientos y testimonios incorporados al expediente contradicen la versión inicial brindada por el propio jefe de Gabinete. Entre los elementos clave figura la declaración del piloto del vuelo de regreso, quien aseguró que los costos del traslado fueron cubiertos por el empresario Marcelo Grandío, y no por Adorni como había sostenido públicamente.
Originalmente centrada en un posible delito de dádivas, la investigación se amplió hacia un presunto enriquecimiento ilícito. La jueza María Servini decidió derivar la denuncia al juez Ariel Lijo para unificar expedientes, mientras se incorporó también una presentación promovida por la diputada Marcela Pagano. La normativa de ética pública prohíbe a los funcionarios aceptar regalos o beneficios de personas o empresas con vínculos estatales, eje central de la pesquisa.
Paulón cuestionó además la evolución patrimonial del funcionario, señalando que sus ingresos declarados no parecen coincidir con su estilo de vida. “Es difícil explicar propiedades, viajes en aviones privados y pasajes en primera clase con un salario de funcionario”, aseguró. También criticó la conferencia de prensa reciente de Adorni, donde el funcionario no logró aclarar dudas ni aportar documentación que respalde sus explicaciones.
Más allá del plano judicial, el diputado subrayó el impacto político sobre la gestión de Javier Milei. “Adorni era la cara visible del discurso de austeridad; esta situación expone una contradicción que debilita esa narrativa”, señaló.
