El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su firme rechazo al proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional que propone cambios en el régimen de subsidios para las denominadas “zonas frías”. Según advirtió, la medida impactaría de lleno en la economía de cientos de miles de hogares cordobeses, especialmente en un contexto de dificultades económicas.
La iniciativa impulsada por la administración nacional busca modificar el esquema actual de beneficios sobre las tarifas de gas natural, reemplazando el criterio geográfico y climático por una segmentación basada en el nivel de ingresos de los usuarios. De aprobarse, gran parte de la clase media quedaría excluida del descuento que actualmente reciben las zonas alcanzadas por el programa.
Actualmente, más de 600 mil usuarios residenciales de Córdoba acceden a rebajas del 30% en las facturas de gas, mientras que los sectores vulnerables cuentan con descuentos de hasta el 50%. Entre las regiones de la provincia que hoy forman parte del régimen se encuentran Córdoba Capital, Calamuchita, Río Cuarto, San Javier, Marcos Juárez, Unión, Río Segundo, Tercero Arriba, General Roca, General San Martín, Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña, entre otros departamentos.
Llaryora sostuvo que eliminar el beneficio implicaría un fuerte incremento en las boletas de gas durante los meses de bajas temperaturas y cuestionó el reparto de subsidios energéticos a nivel nacional. En ese sentido, apuntó contra las políticas destinadas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y planteó que el interior productivo continúa siendo perjudicado en la distribución de recursos.
Además, el mandatario provincial pidió a los diputados y senadores cordobeses que rechacen la propuesta en el Congreso y defendió la continuidad del esquema actual para evitar un mayor impacto económico sobre los hogares de la provincia.
El proyecto fue enviado al Congreso por el presidente Javier Milei junto al ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. La propuesta plantea una reestructuración integral del sistema de subsidios energéticos con el objetivo de reducir el gasto fiscal y limitar los beneficios únicamente a regiones consideradas de mayor severidad climática.
