Luego de que la Justicia Federal ordenara al Gobierno nacional y a PAMI regularizar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, la abogada Marta Lastra expresó alivio por la medida y advirtió sobre la delicada situación que atraviesan instituciones y familias en todo el país.
Lastra, quien impulsó la acción de amparo colectiva, destacó la rapidez con la que actuó la Justicia cordobesa y señaló que el fallo tuvo en cuenta no solo el aspecto legal, sino también el impacto social de la problemática. “Estamos muy orgullosos de la justicia que tenemos en Córdoba, de que haya sido tan rápida y que haya podido contemplar toda la situación social que se está viviendo”, sostuvo.
En ese marco, remarcó la vulnerabilidad de las personas afectadas y cuestionó la falta de pagos por parte del Estado nacional. “Discapacidad y pobreza es la peor combinación”, expresó, al denunciar demoras en prestaciones correspondientes a octubre y noviembre del año pasado, además de varios meses de 2026.
La letrada explicó que la interrupción de los pagos generó consecuencias directas sobre hogares e instituciones que brindan atención permanente. Según detalló, se vieron afectadas prestaciones ambulatorias, centros de residencia y servicios esenciales vinculados a medicamentos, alimentación y cuidados diarios.
Además, alertó sobre el complejo panorama económico que atraviesa el sector y aseguró que varias instituciones podrían dejar de funcionar en el corto plazo. “Esto va a tornar imposible continuar para muchas instituciones que ya vienen cerrando y que en breve también van a cerrar”, afirmó.
La resolución judicial obliga al Ministerio de Salud de la Nación y a PAMI a regularizar los pagos en un plazo de 72 horas. Desde el sector esperan que la medida permita garantizar la continuidad de las prestaciones para titulares de pensiones no contributivas con discapacidad.
