El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó este domingo en Laboulaye la apertura del período legislativo 2026, donde presentó una serie de iniciativas centradas en fortalecer la presencia del Estado en el interior, impulsar la equidad territorial, reducir impuestos y reforzar la seguridad y protección de los ciudadanos.
En el Cine Teatro Sporting, inició su discurso acompañado de dos videos que mostraban un repaso por departamento de las obras de vialidad, arquitectura, gas, agua y electricidad. “Estamos haciendo obras para el futuro, hacer para crecer”, afirmó, reforzando el nuevo slogan que reemplaza al “Gestión Martín Llaryora”.
Tras la apertura del acto, el gobernador centró su discurso en los principales ejes de su gestión, desde el desarrollo del interior provincial hasta medidas económicas, previsionales y de seguridad.
Apertura de sesiones en el interior
Uno de los anuncios principales de Llaryora fue la propuesta de una ley que establezca que, durante los próximos diez años, la inauguración del período de sesiones ordinarias de la Legislatura se realice de manera sistemática en localidades del interior incluidas en el Plan de Igualdad Territorial. “Queremos acercar la gestión a cada rincón de Córdoba y permitir que los vecinos vean de cerca cómo se ejecutan las políticas públicas”, aseguró el gobernador.
Según explicó, la normativa incluirá un anexo especial en el discurso inaugural detallando el grado de avance del plan en cada localidad. “El Plan de Igualdad Territorial demanda muchos años de trabajo y un fuerte compromiso político; por eso buscamos que la apertura de sesiones funcione como una instancia anual de rendición de cuentas”, agregó Llaryora.
Reducción de impuestos y estímulo económico
En materia económica, el gobernador destacó que la política de rebaja impositiva puesta en marcha por la Provincia permitirá que 900 mil millones de pesos vuelvan a la economía cordobesa. “Cada peso que un cordobés deja de pagar en impuestos es un peso que vuelve a la economía real”, señaló, y adelantó que el año próximo se implementarán nuevas reducciones.
El esquema actual incluye una disminución del 25% en el impuesto inmobiliario para el 40% de los propietarios, mientras que el resto de los contribuyentes tendrá ajustes por debajo de la inflación estimada. Además, la Provincia mantiene reducciones en Ingresos Brutos para pequeños comercios y exenciones orientadas a estimular la producción y el consumo local.
Aumento de jubilaciones y fortalecimiento previsional
El mandatario anunció un aumento de la jubilación mínima provincial a 800 mil pesos y confirmó que, antes de fin de año, más jubilados accederán al beneficio del 82%. “Mientras estemos nosotros, la Caja de Jubilaciones no se transfiere; se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, afirmó, subrayando la importancia de mantener la autonomía del sistema previsional provincial y proteger los haberes más bajos.
Además recordó que estas medidas forman parte de una política que incluye la Ley de Equidad Jubilatoria, orientada a reducir el déficit del sistema mediante un esquema solidario entre activos y pasivos. “Gracias a esa política, más de 50 mil jubilados recuperaron el 82% y unos 10 mil dejaron de aportar el 20% previsto en el artículo 58”, precisó.
Seguridad y lucha contra el narcotráfico
En materia de seguridad, Llaryora ratificó que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad de su gestión. Anunció la apertura de cinco nuevas sedes operativas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el interior, junto con el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley Antibúnker. “El narcotráfico no admite ningún tipo de tolerancia. Las acciones deben ser directas y contundentes”, subrayó.
La normativa busca desarticular puntos de venta de drogas y reconvertir inmuebles ocupados ilegalmente para usos sociales o comunitarios. El gobernador destacó además la expansión de la FPA con personal capacitado y equipamiento especializado, reforzando el despliegue territorial en toda la provincia.
Protección a víctimas y fortalecimiento judicial
Llaryora también anunció el envío de un proyecto de ley de protección integral para víctimas de delitos, que llevará el nombre de “Ley Joaquín” en homenaje a familias que convirtieron su dolor en una causa colectiva. “Esta norma ordena derechos, asistencia, protección y reparación para quienes sufren delitos, colocando la dignidad humana en el centro de la política pública”, afirmó.
Además, adelantó reformas para presos de alto perfil criminal, la creación de distritos judiciales y policiales y la inamovilidad de jueces de paz, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la independencia judicial y la eficiencia en la atención de los vecinos.
