El gobernador Martín Llaryora encabezó este miércoles una reunión en el Centro Cívico donde anunció un refuerzo económico de 450 millones de pesos para instituciones de discapacidad. Acompañado por la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, el mandatario recibió a representantes de entidades de la Capital y el interior para abordar la grave crisis del sector. Esta medida surge como respuesta directa al incumplimiento de pagos por parte de organismos nacionales como PAMI e Incluir Salud.
La Provincia decidió reorientar el Fondo de Emergencia para la Discapacidad para cubrir gastos corrientes de funcionamiento y alimentación. Originalmente, este recurso estaba destinado a nuevos proyectos de inclusión, pero ahora se aplicará exclusivamente a sostener las prestaciones actuales. Llaryora subrayó que el esfuerzo provincial es un alivio temporal, ya que los municipios no pueden reemplazar eternamente las obligaciones del Gobierno nacional.
Durante el encuentro de más de dos horas, las autoridades provinciales escucharon el diagnóstico de las entidades sobre el daño sanitario que genera la falta de fondos. Las instituciones advirtieron que la morosidad nacional pone en riesgo la continuidad de servicios críticos para más de 100 personas en cada establecimiento. El gobernador instó a la Nación a normalizar el envío de partidas para evitar un colapso total del sistema de atención.
Los referentes de diversas fundaciones y asociaciones destacaron que la situación es la más difícil de los últimos 25 años. El aumento en los costos de combustibles y el congelamiento de aranceles nacionales han dejado a muchos prestadores de transporte fuera del sistema. Además, la falta de pagos provoca la migración de profesionales especializados y un creciente endeudamiento que amenaza con el cierre de hogares residenciales.
Desde la cartera de Salud confirmaron que se reactivará también un complemento alimentario para aquellas entidades que ofrecen servicios de doble jornada. Este apoyo económico permite que organizaciones de atención permanente puedan cubrir las necesidades básicas diarias de sus residentes. A pesar del aporte provincial, los directivos remarcaron que el Estado Nacional debe cumplir con la Ley de Discapacidad para garantizar derechos.
