El Juzgado de Familia de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba anuló un acuerdo de división de bienes firmado por dos personas luego de disolver su unión convivencial, que duró desde 2003 hasta 2017. El juez Gabriel Tavip rechazó la homologación del convenio solicitado por el hombre de la pareja al considerar que la voluntad de la mujer estaba viciada por la violencia de género que sufría.
El magistrado puntualizó que el acuerdo había sido realizado bajo coacción y violencia de género. Según las pruebas, la mujer quería que su ex pareja abandonara la casa que habían compartido, una propiedad que ella había heredado. Y, a cambio de dejar la vivienda, el hombre exigía el pago por las mejoras realizadas en el inmueble durante su convivencia.
El acuerdo decía que la mujer debía pagarle al hombre 70 cuotas de 840 dólares cada una, un monto que el tribunal determinó que excedía cualquier contribución que él hubiese hecho. Si bien los abogados que habían participado en la redacción del acuerdo aconsejaron repetidamente a la mujer no firmarlo, ella insistió porque era la única forma de que él se fuera.
En la causa, quedó demostró que el hombre continuó intimidándola durante la ejecución del acuerdo, exigiendo pagos adicionales y amenazándola para que pidiera dinero prestado o sacara créditos, aprovechando la frágil salud psíquica de su ex pareja.
El juez Tavip finalmente concluyó que el hombre había actuado de mala fe y, como resultado, no solo rechazó la homologación, sino que ordenó al hombre devolver a su ex pareja las sumas de dinero recibidas, equivalentes a 36.5 cuotas de 840 dólares cada una.
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