Continúan las jornadas de alegatos en la Cámara Séptima del Crimen, en el juicio por la muerte de cinco bebés y los daños de otros ocho recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba.
Este miércoles, el fiscal Sergio Ruíz Moreno expuso las responsabilidades que tuvieron una decena de exfuncionarios y encargados de la institución sanitaria.
Allí, pidió cadena perpetua para la enfermera Brenda Agüero, y tres años de prisión condicional e inhabilitación para Diego Cardozo.
El exministro de Salud Provincial está acusado de encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, además de omisión de deberes de funcionario público.
En cuanto a Liliana Asís, la exdirectora del Hospital, también está imputada por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El fiscal pidió cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.
Los fiscales presentaron las solicitudes de pena para los acusados, detallando las responsabilidades de cada uno:
- Brenda Agüero, enfermera, la fiscalía solicitó prisión perpetua para ella.
- Diego Cardozo, exministro de Salud provincial, enfrentó acusaciones de encubrimiento doblemente calificado debido a la gravedad de los hechos y su rol como funcionario público, además de la omisión de sus deberes como tal. La fiscalía pidió tres años de ejecución condicional y tres años de inhabilitación.
- Liliana Asís, exdirectora del Hospital Neonatal, también fue acusada de encubrimiento y omisión de deberes de funcionario público. En su caso, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión (domiciliaria, como fue dispuesto anteriormente) y tres años de inhabilitación.
- Pablo Carvajal, exsecretario de Salud, fue imputado por las mismas causas: encubrimiento y omisión de deberes. La fiscalía pidió para él tres años de prisión de ejecución condicional y tres años de inhabilitación.
- Alejandro Gauto, exsecretario de Coordinación y Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, fue acusado también de encubrimiento en calidad de funcionario público.
- María Alejandra Luján. Excoordinadora de la unidad de terapia intensiva neonatal, a cargo de la supervisión de neonatología en algunas guardias. Llegó acusada de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal y falsedad ideológica. El fiscal pidió que se la absuelva de la falsedad ideológica (por la firma de un certificado de defunción) y pidió una pena de un año de prisión condicional e inhabilitación y el máximo de la multa por la omisión de deberes.
- Blanca Alicia Ariza. Exjefa de enfermería del hospital Materno Neonatal. Omisión de deberes de funcionario público. Pidió un año de inhabilitación y el máximo de la multa.
- Marta Gómez Flores. Exjefa de neonatología del hospital. Omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público en concurso ideal. Falsedad ideológica. La fiscalía pidió 4 años de prisión efectiva e inhabilitación especial de 3 años.
- Adriana Luisa Moralez. Excoordinadora del comité de seguridad del paciente del hospital. Omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público en concurso ideal. La fiscalía pidió 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por 3 años.
- Claudia Ringelheim. Exjefa de tocoginecología clínica y exsubdirectora del hospital. Omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal. Se pidió un año de prisión de ejecución condicional, inhabilitación y el máximo de la multa.
- Alejandro Escudero Salama. Exsubdirector de gestión administrativa del hospital Neonatal. Omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Fiscalía pidió una pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación especial de 3 años.
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