Inundación de Sierras Chicas: ingeniero a juicio por estafas

Gutiez adjudica a Guzmán Vega el supuesto delito de estafas reiteradas -siete hechos- en concurso real, por supuestos trámites que habría prometido realizar a vecinos que habían perdido sus viviendas en la catástrofe natural. La gestión era, presuntamente, para conseguirles un subsidio del Gobierno provincial.

Fue el entonces concejal de Mendiolaza Nicolás Martínez Dalke, luego de recoger las quejas de los damnificados que habían tratado con el ingeniero, quien denunció penalmente al profesional que había actuado en la zona relevando viviendas dañadas o destruidas por las inundaciones.

En su momento, Martínez Dalke formuló una presentación judicial por “defraudación” y “tráfico de influencias” en la Unidad Judicial de Villa Allende. Luego, la causa pasó a manos de la fiscal Gutiez quien al cabo de varios años finalizó la instrucción y elevó el expediente a juicio.

En su momento, Martínez Dalke declaró a La Voz que Guzmán Vega se valió “del estado de vulnerabilidad, necesidad y/o desesperación de los vecinos” para solicitarles un 10 por ciento de los beneficios que recibían los frentistas. Aquella presentación involucraba a cinco damnificados de barrio Los Cigarrales de Mendiolaza, que declararon haber tramitado el subsidio con Guzmán Vega y decían que le pagaron al ingeniero civil un porcentaje con la utilización de un ardid. Esos porcentajes, en aquella época significaban entre entre cinco mil y 20 mil pesos por cada uno.

El denunciante resaltó que quien determinaba el monto por percibir por las personas damnificadas era el propio Guzmán Vega, por lo que en este caso podría considerarse que también la Provincia podría haber resultado damnificada.

Lo llamativo de la presentación judicial de Martínez Dalke es que aportaba como testigos a ocho vecinos y todos referían la misma mecánica: fueron relevados por el mismo ingeniero, les cobró el 10 por ciento del beneficio otorgado y les prometió que con su gestión iban a obtener ese monto.

Según se supo en ese momento, ninguno de los otros damnificados aseguraron haber pagado ningún concepto extra a los demás arquitectos o ingenieros que participaban del relevamiento.

Según el convenio, estos profesionales tenían fijados honorarios por 2.450 pesos por relevamiento, hasta un máximo de 10, cifra que podía ampliarse.

Según consta en la denuncia, Guzmán Vega había sido titular de Operaciones de Prevención de Accidentes de Tránsito del Gobierno provincial anterior al de la inundación.

En aquel momento, requerido por este diario, el denunciado se presentó en la Redacción y negó todos los términos de la denuncia. Aseguró que cobró montos exiguos que nunca excedieron los cuatro mil pesos y que lo hizo en concepto de “supervisión y seguimiento de obra” con un contrato firmado por las partes.

Sin embargo, con el correr de la instrucción, la fiscal Gutiez entendió que debe responder por siete estafas en un debate oral y público.

Fuente: Francisco Panero (La Voz del Interior).

Foto – Archivo La Voz del Interior.