El Gobierno de Córdoba puso en marcha un nuevo mecanismo para hacer frente a las falsas amenazas de tiroteos en escuelas. A partir de ahora, quienes generen este tipo de alertas deberán hacerse cargo de los costos que implican los operativos de seguridad desplegados en cada caso.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad y apunta a desalentar este tipo de episodios, que en los últimos tiempos generaron preocupación en la comunidad educativa. Según se estableció, los gastos derivados de la intervención de fuerzas policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas investigativas serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores involucrados, una vez que sean identificados por la Justicia.
El protocolo contempla que, tras cada intervención, se realice una evaluación detallada de los recursos utilizados, tanto humanos como materiales. Con esa información, el Estado avanzará con la correspondiente intimación de pago y, en caso de ser necesario, iniciará acciones judiciales para recuperar los montos.
Desde el Gobierno advirtieron que este tipo de hechos no solo implican un delito, sino que también generan un fuerte impacto en el funcionamiento escolar y en la tranquilidad de estudiantes, docentes y familias. Además, remarcaron que cada operativo moviliza recursos que podrían destinarse a tareas de prevención en otros puntos de la provincia.
La implementación del sistema se llevará adelante de manera articulada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas, con el objetivo de reforzar la respuesta ante este tipo de situaciones y evitar que los costos recaigan sobre el conjunto de la sociedad.
