El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba resolvió el pasado 29 de mayo reducir la alícuota adicional prevista en la Ley de Equidad Jubilatoria del 8% al 6%. Esta decisión se tomó en el marco de la causa "Carri, Guillermo Pablo c/ Caja de Jubilaciones", revocando parcialmente una medida cautelar previa que impedía cualquier tipo de recálculo en los ingresos de los beneficiarios.
El máximo tribunal provincial fundamentó su decisión resaltando la importancia de la proporcionalidad dentro del sistema de previsión social. El fallo destaca que, si la remuneración de los trabajadores activos disminuye, el haber de los jubilados debe seguir la misma suerte para garantizar la sostenibilidad. De esta manera, se busca evitar que el sacrificio del ajuste recaiga exclusivamente sobre el sector activo.
El TSJ advirtió que mantener la cautelar original otorgaba al jubilado un haber cercano al 90% del sueldo líquido del activo, excediendo el 82% móvil. Según el cuerpo judicial, esto desnaturalizaba el sistema y afectaba gravemente los principios de solidaridad intergeneracional y de igualdad. Por ello, se consideró necesario un ajuste en las retenciones aplicadas.
La resolución fue posible gracias a un cambio reciente en las circunstancias fácticas que rodearon a la Ley de Equidad Jubilatoria. El tribunal tuvo en cuenta el nuevo convenio firmado entre la Provincia de Córdoba y la ANSES para el envío de fondos previsionales. Este acuerdo permitió que los magistrados dispusieran una morigeración de la carga para los beneficiarios del sistema.
Con el Auto N° 50, la justicia provincial busca un equilibrio entre la salud financiera de la Caja de Jubilaciones y la protección de los ingresos de sus pasivos. Esta medida representa un alivio moderado frente a las disposiciones previas establecidas por el Ministerio de Economía y Gestión Pública. Los alcances de esta resolución marcan un precedente clave para futuras presentaciones judiciales sobre el mismo régimen.
