El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba autorizó mediante una resolución una serie de requisitos que permitirían a las aplicaciones de viajes que funcionen sin restricciones en la ciudad de Córdoba.
La Municipalidad ya había apelado una decisión previa que le ordenaba regular la actividad de Uber en la ciudad, argumentando que esta constituye un servicio público no autorizado. Uber y un tercero interesado también apelaron, defendiendo el derecho a operar libremente.
El Tribunal Superior rechazó las apelaciones y, ante la inacción municipal, estableció de manera provisoria una serie de requisitos que Uber debe cumplir para operar legalmente en la ciudad.
Esta medida busca un punto intermedio hasta que se dicte una normativa definitiva o una resolución judicial sobre el fondo del asunto. La resolución subraya la necesidad de regular la actividad de Uber debido al interés público involucrado y la disrupción tecnológica que representa.
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