El oficialismo impulsa una nueva regulación para las manifestaciones en Córdoba

Esta semana comenzará en la Legislatura de Córdoba el debate de un proyecto impulsado por el gobernador Martín Llaryora que apunta a modificar el Código de Convivencia Provincial, con el foco puesto en las manifestaciones que interrumpen el tránsito. Aunque es conocido como “ley antipiquete”, desde el oficialismo aclaran que no busca limitar el derecho a la protesta, sino garantizar también la libre circulación.

La iniciativa fue presentada formalmente en las últimas horas y será tratada en la Comisión de Seguridad, que sesionará el jueves a las 14.

El tema volvió al centro del debate tras el sobreseimiento judicial de seis dirigentes sociales que participaron de una protesta en 2023. Ahora, el llaryorismo busca avanzar con mayor firmeza que en intentos legislativos anteriores.

Entre los cambios más destacados, el proyecto prevé sanciones para quienes interrumpan el tránsito sin autorización, incluyendo trabajo comunitario, multas y arrestos de hasta tres días, que podrían duplicarse en casos que afecten avenidas, puentes o corredores del transporte público. Además, lo recaudado por esas sanciones se destinaría a compensar a comerciantes y trabajadores afectados.

También se amplían las facultades de intervención de la Policía y la Justicia para actuar ante este tipo de contravenciones, y se endurecen las penas por conductas como arrojar basura en la vía pública, hurgar contenedores o evadir controles policiales.

En paralelo, otros bloques presentaron propuestas similares. La Libertad Avanza impulsa una ley que prohíbe directamente los cortes y habilita la intervención policial inmediata. El radicalismo, por su parte, busca restringir las manifestaciones en determinadas zonas del centro de la ciudad.