La Policía de Córdoba volvió a quedar en el centro de la polémica tras la detención del director de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quién integraba junto a otras seis personas, una presunta organización criminal.
La causa, que lleva adelante el fiscal Guillermo González, se originó a partir de la declaración de un efectivo policial que investigaba a una banda delictiva con presuntos lazos con altos mandos de la fuerza provincial.
Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, González aclaró que las irregularidades investigadas no están vinculadas a las funciones de Ochoa Roldán en la Caminera, ni al manejo de multas de tránsito.
Según detalló el fiscal, el grupo utilizaba su posición dentro de la Policía para acceder a información confidencial contenida en bases de datos oficiales.
Con estos datos empleaban negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas y fijación de honorarios, beneficiándose económicamente con esos antecedentes obtenidos de manera ilegítima.
En este sentido, aseguró que hay elementos suficientes para probar que los imputados usaban esa información para sacar ventaja en causas judiciales, favoreciendo sus actividades legales y creando una competencia desigual con otros profesionales y partes en litigios.
Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, calificó el hecho como “muy grave” y explicó que los delitos eran difíciles de detectar desde dentro de la fuerza, ya que “se cometían en el ejercicio de sus profesiones como abogados, no dentro de su labor como policías”.
“Estos hechos duelen e indignan pero se está haciendo una depuración de la policía. Desde el primer día, el gobernador nos encomendó ejecutar la absoluta transparencia en las fuerzas”, afirmó Quinteros, quien también confirmó que los implicados serán separados de la institución.
“Los uniformados involucrados tenían excelentes fijas de servicio. Los controles institucionales funcionan y no hay daño al estado”, sentenció.
Además de Ochoa Roldán, se encuentran detenidos su hermano, Gastón Miguel Ochoa Roldán, el comisario inspector Martín Darío Heredia, el comisario inspector Jorge Gutiérrez (a cargo de Protección de Testigos) y el suboficial Dante Gabriel Villalba, quien se desempeñaba como chofer en la Jefatura de Policía.
Las imputaciones alcanzan delitos como asociación ilícita, coacción, extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia.
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