La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa generando repercusiones políticas y administrativas, especialmente por la relación laboral que Claudio Barrelier mantenía con la Municipalidad de Córdoba al momento del crimen.
Barrelier, de 33 años y señalado como principal acusado en la causa, había ingresado al municipio en enero de 2021 como becario en el área de Fortalecimiento Vecinal durante la gestión del entonces intendente Martín Llaryora. Posteriormente fue trasladado a la Escuela de Tránsito y Educación Vial, dependiente del CPC Empalme, donde siguió desempeñando tareas.
De acuerdo con la información conocida, existieron al menos dos instancias en las que pudo haberse interrumpido su vínculo laboral. La primera ocurrió en mayo de 2025, luego de que fuera detenido en una causa por privación ilegítima de la libertad. El procedimiento judicial se realizó en una vivienda de barrio Cofico, el mismo domicilio donde un año después la Justicia presume que Agostina fue asesinada.
Tras recuperar la libertad mediante el pago de una fianza, Barrelier regresó a sus funciones. En ese contexto, la responsable del área de Tránsito, Florencia Barrionuevo, habría manifestado preocupación al conocer que el becario había estado ausente por encontrarse detenido. Sin embargo, desde la dirección general se consideró que no existían motivos suficientes para apartarlo de su puesto.
La segunda advertencia surgió meses más tarde, en diciembre de 2025, cuando el municipio impulsó una reducción del personal contratado y becario. En la dependencia donde trabajaba Barrelier se confeccionó una nómina de cuatro personas que serían desafectadas, entre ellas el acusado. No obstante, una directiva superior dejó sin efecto esa medida para él y otro trabajador, permitiéndoles continuar en funciones.
Incluso, lejos de ser desvinculado, el 21 de mayo de 2026 —dos días antes de la desaparición de Agostina— Barrelier recibió una mejora en su situación laboral al ser promovido como contratado. Aunque el proceso administrativo no llegó a completarse, la designación representaba un paso previo al ingreso a planta permanente.
La continuidad laboral del acusado, pese a los antecedentes y a las advertencias internas registradas en distintas áreas del municipio, se convirtió en uno de los puntos que ahora generan interrogantes en medio de la investigación judicial y del debate político que rodea al caso.
