Crueldad animal y ejercicio ilegal de la profesión: allanaron un criadero clandestino y rescataron a 87 perros

La Justicia de Córdoba imputó a Germán José Del Prato, acusado de crueldad animal y ejercicio ilegal de la profesión, tras un allanamiento realizado el pasado 24 de octubre de 2025 en un establecimiento rural de la zona de El Gateado, donde se encontraron 87 perros en condiciones de hacinamiento y maltrato extremo.

Los animales,entre ellos bulldog francés, bulldog inglés, dachshund y pug,estaban encerrados, sin acceso adecuado a higiene, atención veterinaria ni alimentación. Según la investigación, Del Prato habría practicado intervenciones quirúrgicas ilegales, como cesáreas e inseminaciones artificiales, sin habilitación profesional y sin medidas sanitarias básicas, provocando un sufrimiento severo y poniendo en riesgo la vida de los ejemplares.

“Estamos frente a un caso de crueldad animal en su máxima expresión. Las imágenes del criadero son estremecedoras: animales con heridas, hembras operadas con tanza y sin anestesia, y perros con fracturas o infecciones graves”, explicó el abogado Iván Adolfo Mochkofsky, representante legal de la Asociación Civil Hocicos Felices Córdoba Capital, querellante en la causa.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 1, también intenta determinar la vinculación del acusado con otros criaderos clandestinos en la provincia. Según los primeros indicios, cada cachorro era comercializado por valores cercanos al millón de pesos, en un negocio que el abogado calificó como “una industrialización del sufrimiento animal”.

“Del Prato no es veterinario ni tiene matrícula habilitante. Lo que hacía era un verdadero experimento con los animales. Algunos presentaban infecciones uterinas por inseminaciones mal hechas, otros estaban ciegos o golpeados. Esto no es solo un delito, es una práctica mafiosa”, agregó Mochkofsky.

Los 87 perros rescatados fueron puestos bajo resguardo y se encuentran recibiendo atención veterinaria y cuidados en refugios y hogares transitorios. Sin embargo, desde la organización advirtieron que podrían existir más animales distribuidos en otros puntos y pidieron la colaboración de la comunidad.“Recibimos llamados todos los días con información sobre otros criaderos. Es fundamental que la sociedad denuncie y que la Fiscalía continúe actuando con la misma firmeza”, sostuvo el letrado.

Mochkofsky también remarcó la necesidad urgente de reformar la Ley 14.346, que prevé penas de entre 15 días y un año de prisión, sanciones consideradas insuficientes ante delitos de esta gravedad “Las penas actuales son irrisorias. Necesitamos una ley que contemple prisión efectiva y multas severas. Estos hechos no pueden seguir siendo castigados con sanciones simbólicas”, enfatizó.

La Asociación Hocicos Felices y otras agrupaciones proteccionistas continuarán impulsando la causa para que avance a juicio y se logre una condena ejemplar. Además, denunciaron amenazas recibidas tras el operativo, por lo que pidieron medidas de protección “Nos preocupa que haya intentos de intimidación. No vamos a frenar hasta que se haga justicia por cada uno de estos animales”, concluyó el abogado.

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