Una joven dedicada a la creación de contenido digital denunció que policías de San Francisco del Chañar la obligaron a mostrar imágenes privadas de su teléfono. El hecho ocurrió en el marco de una investigación por un presunto robo donde la mujer figuraba como sospechosa. La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, inició una causa paralela para determinar si existió un claro abuso de autoridad.
El abogado de la denunciante, Ignacio Almada Vargas, afirmó que la joven fue encerrada e interrogada bajo presión para autoincriminarse. Según el letrado, los efectivos le exigieron exhibir material íntimo de su dispositivo que no tenía ninguna relación con la causa investigada. Esta situación constituye una vulneración directa al derecho de defensa y a la privacidad de cualquier ciudadano en calidad de sospechoso.
Durante el operativo en el domicilio de la mujer, el personal policial secuestró dos teléfonos, un vehículo y otros elementos de valor. El abogado remarcó que su cliente nunca fue notificada de sus garantías ni contó con la presencia de un profesional de la salud o legal. Producto del hostigamiento recibido en la comisaría, la joven sufrió una crisis emocional y terminó internada tras un intento de suicidio.
La fiscal Analía Cepede explicó que la apertura de un teléfono móvil solo es legal mediante una orden de un juez de control. Al tratarse de una persona sospechada, le asistían todas las garantías constitucionales que impiden que sea obligada a declarar contra sí misma. La Justicia ahora busca reconstruir los pasos desde que la mujer llegó a la dependencia policial hasta el momento del presunto abuso funcional.
El testimonio de la víctima será una pieza fundamental para ratificar cómo fue el trato recibido por parte de los uniformados cordobeses. De confirmarse que los policías se excedieron en sus facultades, la figura penal aplicada será la de abuso de autoridad. El caso generó una fuerte indignación en la comunidad local por la gravedad de las vulneraciones denunciadas contra la integridad de la mujer.