El pasado 6 de febrero de 2026, la Cámara 10° en lo Criminal y Correccional de Córdoba condenó a Víctor Ignacio Suárez, conocido como "Meteoro", a la pena de seis años de prisión. El juez Carlos Palacio Laje lo encontró responsable de ser el jefe y organizador de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas digitales. La investigación se originó tras un control policial en la autopista Córdoba–Rosario, donde se descubrió que el imputado operaba un sofisticado sistema de telecomunicaciones.
La causa judicial comenzó de manera inesperada durante un operativo de rutina mientras el acusado viajaba en un remís. Los agentes secuestraron 13 celulares, decenas de chips y equipos tecnológicos que funcionaban como una oficina delictiva itinerante. En ese momento, Suárez debía estar cumpliendo prisión domiciliaria en Rosario por una condena previa de 13 años.
Este hallazgo fue el "hecho raíz" que permitió a la Policía Judicial analizar el contenido de los dispositivos bajo autorización correspondiente. Los peritos recuperaron chats de Telegram donde el líder coordinaba el vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales. En los mensajes aparecían cómplices identificados solo por alias como "Bin", "Panter" y "Murlok".
La defensa del imputado intentó argumentar que las conversaciones no eran con personas reales, sino con programas informáticos o "bots". Sin embargo, el magistrado desestimó esta postura al notar la variabilidad y los errores humanos presentes en los textos. "Ningún bot improvisa así", sentenció el fallo al confirmar que existía una coordinación operativa entre sujetos reales.
El tribunal subrayó que para configurar el delito de asociación ilícita no es estrictamente necesario conocer la identidad civil de cada miembro. Lo fundamental es probar la pluralidad de personas, la permanencia en el tiempo y el objetivo de delinquir. Según el juez, las organizaciones criminales modernas no dejan contratos ni fotos grupales, por lo que los indicios fueron determinantes.
En los fundamentos de la sentencia, el juez Palacio Laje destacó la peligrosidad de estas estructuras en el sistema financiero actual. Aseguró que esta modalidad delictiva es altamente dañosa y afecta profundamente la confianza de los usuarios en la banca digital. Por tal motivo, la pena impuesta superó incluso el pedido inicial realizado por el fiscal Gustavo Arocena.
