El Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba dispuso la clausura definitiva de Wachitas Bar, ubicado en la calle Ituzaingó 521, en pleno barrio Nueva Córdoba. El operativo se realizó el pasado martes tras detectar que el establecimiento incumplía normas básicas de higiene y seguridad. Este lugar tomó relevancia pública al ser el centro de trabajo de la pareja de Claudio Barrelier, vinculado al femicidio de Agostina Vega.
Los inspectores municipales constataron que Wachitas Bar no cumplía con las habilitaciones autorizadas para su funcionamiento comercial. Además, el recinto arrastra un extenso historial de sanciones, acumulando tres clausuras desde marzo de 2025. Los antecedentes incluyen denuncias por ruidos molestos, exceso de capacidad y la realización de espectáculos públicos no autorizados.
Durante el procedimiento del martes, las autoridades hallaron graves fallas estructurales en el edificio de Wachitas Bar. Se detectaron instalaciones eléctricas precarias y la ausencia de una señalización adecuada para los clientes. Asimismo, los elementos de seguridad obligatorios se encontraban vencidos, representando un riesgo directo para los asistentes.
Tras la clausura, los dueños fueron sorprendidos retirando las fajas de seguridad colocadas por los inspectores. Esta acción provocó que el personal municipal procediera a una reposición inmediata de las mismas el miércoles. La maniobra irregular derivó en la apertura de nuevas actuaciones legales contra los responsables del establecimiento.
Respuesta del establecimiento
Desde la titularidad de Wachitas Bar emitieron un comunicado negando cualquier participación o vinculación con el femicidio de Agostina Vega. Aseguraron que las personas señaladas en la investigación no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Subrayaron además su plena disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos ante la justicia.
Finalmente, los responsables de Wachitas Bar manifestaron su más profundo respeto y acompañamiento a la familia de la víctima. Afirmaron que el comercio no tiene injerencia en las actividades privadas de sus empleados o clientes fuera del ámbito laboral. Por ahora, el establecimiento permanece cerrado mientras se resuelven las infracciones administrativas constatadas por el municipio.
