Un grave caso de ciberchantaje y abuso sexual conmociona al norte de Córdoba, especialmente a la localidad de Deán Funes. La investigación apunta a un hombre de 29 años que, pese a estar detenido en el penal de Sierra Chica, en Buenos Aires, habría liderado una red para captar y extorsionar a jóvenes a través de redes sociales.
La causa se inició el 28 de febrero, luego de la denuncia de una menor de 14 años. Según explicó la fiscal Analia Cepede, “recibió un mensaje desde un perfil de Instagram que le ofrecía modelar para una marca de ropa”. Sin embargo, se trataba de una cuenta hackeada que simulaba ser oficial para generar confianza.
“El pago era un canje de ropa, pero le pidieron la contraseña de su cuenta para enviarle el catálogo”, detalló la funcionaria. A partir de ese acceso, el acusado comenzó a manejar el perfil de la víctima y a contactar a sus amistades, ampliando el alcance del engaño.
La maniobra continuaba con pedidos de fotos en ropa interior bajo la excusa de un casting. “Las chicas accedían y luego comenzaba la extorsión: si no cumplían con nuevas exigencias, amenazaba con difundir las imágenes”, explicó Cepede.
Con el avance del tiempo, las exigencias se volvieron cada vez más graves. “Les planteaba desafíos de índole sexual y debían elegir entre distintas opciones”, señaló la fiscal, describiendo un esquema que escalaba en violencia y coerción.
Hasta el momento, hay 13 víctimas identificadas, de entre 14 y 23 años, y al menos cuatro de ellas habrían accedido a las exigencias por temor. “Muchas actuaron bajo miedo y vergüenza, tratando de evitar que el material se hiciera público”, indicó.
Desde la Justicia también remarcaron que estos hechos configuran delitos de extrema gravedad. “No solo hablamos de grooming, sino también de abuso sexual, incluso sin contacto físico directo, cuando se obliga a la víctima a realizar actos que no desea”, sostuvo la fiscal.
El acusado ya había sido condenado en 2019 por abuso sexual y, aun estando preso, continuó delinquiendo. “El interno que tiene un celular lo obtiene de manera ilegal”, explicó Cepede, al tiempo que cuestionó cómo pudo sostener estas prácticas desde el encierro.
La investigación sigue en curso y no se descarta la participación de otras personas fuera del penal, lo que podría configurar una red delictiva organizada.
