Córdoba
Cámaras policiales para los municipios: se abre una puerta a las fotomultas
La Legislatura provincial aprobó el cambio de la ley sobre el uso de las cámaras de seguridad instaladas en las calles, que podrán ser empleadas por municipios y comunas para definir contravenciones como pueden ser las infracciones de tránsito.
La ley 9380 rige desde hace 13 años pero su empleo estaba limitado al requerimiento de fiscales o magistrados judiciales para sus investigaciones, pero el nuevo texto habilita a las comunas con un amplio margen de uso al menos hasta que las reglamentaciones impongan algunos límites.
La modificación más importante -avalada sólo por el mayoritario bloque oficialista de Hacemos por Córdoba- se encuentra en el artículo 5, que expresa: “Las imágenes y sonidos obtenidos en el marco de la presente ley sólo pueden ser requeridos por magistrados o fiscales abocados a la investigación o juzgamiento de causas contravencionales o penales, y por municipalidades y comunas bajo la condición que fije la reglamentación”.
Allí se abre un abanico de posibilidades que incluye labrar infracciones de tránsito ya que, según reconoció el legislador oficialista Juan Manuel Cid, “no todos los municipios tienen la misma estructura orgánica y hay distintos códigos”.
La posibilidad de utilizar los videos de vigilancia para detectar faltas de tránsito y respaldar multas por infracciones fue cuestionada por todos los bloques opositores.
La legisladora radical de Juntos por el Cambio, Daniela Gudiño, sospecha que “tiene una finalidad recaudatoria que es escondida por los autores del proyecto” y el presidente de esa bancada, Orlando Arduh, dijo que “puede implicar un avasallamiento de las libertades individuales”.
El texto de la ley tampoco establece si el requerimiento de los registros de seguridad lo hará un Juez de Faltas municipal o si quedarán a disponibilidad de los funcionarios. Según Cid, “lo importante es que sigue siendo el Ministerio de Seguridad el que se encargará de la manipulación de las cámaras y de la grabación de las imágenes”.
En efecto, se mantuvieron intactos los artículos vigentes de la ley original, que obligan a los operadores de las cámaras y registros grabados a guardar confidencialidad sobre los datos obtenidos, otro de los cuestionamientos que hizo la oposición.
De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Seguridad, hay 2259 equipos fijos instalados en 103 municipios y 1099 cámaras están en la ciudad de Córdoba. También hay 1040 cámaras equipando patrulleros policiales, que también pueden ser utilizadas según los términos de la ley modificada ayer.
