Un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia ha permitido que aplicaciones de transporte, como Uber, inicien operaciones en Córdoba, sujeto a una serie de condiciones legales y administrativas.
La decisión judicial solicita a la Municipalidad y al Concejo Deliberante que se reúnan para discutir y regular esta actividad, un asunto que ha suscitado controversia y descontento entre los permisionarios de taxis y remises, quienes consideran que esta medida pone en riesgo su medio de vida.
Jorge Montes, representante de los permisionarios de taxis en Córdoba, expresó su sorpresa y malestar al enterarse de la resolución. “Hasta hace poco estaba en contacto con funcionarios de la Municipalidad y no me comentaron nada”, declaró en una entrevista.
Montes describió la situación como “desoladora” y argumentó que la regulación de las aplicaciones llega en un momento inoportuno, tras años de desatención hacia el sector de taxis y remises, y sin una consulta previa. El fallo exige que las empresas que brinden servicios de transporte a través de aplicaciones presenten varios documentos, incluyendo la inscripción en el ARCA, registros de rentas provinciales, comercio e industria municipal, contrato social, póliza de seguros y métodos de pago electrónicos, entre otros.
Además, los propietarios de los vehículos deberán cumplir requisitos rigurosos, como tener el título del automotor radicado en Córdoba con no más de 10 años de antigüedad, inspección técnica vigente y certificados de antecedentes penales.
Montes cuestionó la posibilidad de que estas empresas cumplan con tales requerimientos. “Estoy convencido de que no podrán cumplirlo, no lo hacen en otros lugares del mundo”, sostuvo, añadiendo que, de regularse, las aplicaciones deberían adherirse a las mismas normativas que los taxis y remises. Según el permisionario, Córdoba cuenta con alrededor de 8.000 vehículos entre taxis y remises, una cifra que, según estudios universitarios, sería suficiente para satisfacer la demanda de la ciudad. “Si se supera esa cantidad, muchos quedaremos sin trabajo”, advirtió. Además, Montes subrayó la crisis que enfrenta el sector, agravada por la competencia de servicios ilegales que, según él, han sido tolerados por las autoridades. “Hay muchos taxis inactivos, como ocurrió en Buenos Aires y en todo el país”, lamentó. También señaló que actualmente no es rentable operar un taxi: “No hay choferes porque no les resulta beneficioso”.
Respecto a los próximos pasos, Montes anunció que los permisionarios se presentarán el lunes en el Concejo Deliberante para exigir aclaraciones sobre la implementación de la notificación judicial y las acciones que tomará la Municipalidad. Sin embargo, mostró escepticismo sobre los resultados: “No cumplirán nada. Si la Municipalidad actúa como debe, el juez eventualmente verá que nadie desea regularse”.
Por otro lado, el jueves 10 de abril está programado un paro nacional por la CGT, aunque Montes aclaró que los taxis no participarán, ya que no están afiliados a la central obrera, y continuarán operando normalmente.
Esta resolución judicial representa un cambio significativo en el debate sobre el transporte en Córdoba, pero la tensión entre los taxistas y las autoridades promete aumentar en los próximos días, mientras se define el futuro de la movilidad en la ciudad.
Fuente Informativa: Cadena 3
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