Un pedido de juicio político contra la jueza Civil y Comercial de Río Segundo, Susana Martínez Gavier, fue presentado por los dos fiscales generales de la Provincia, José Gómez Demmel y Héctor David.
La jueza Martínez Gavier ya tuvo un proceso judicial por diversas denuncias de irregularidades en el funcionamiento de su juzgado, pero el juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, dictó el sobreseimiento de la magistrada. Sin embargo, el propio Lasso giró los antecedentes al Tribunal de Ética para que, aunque considere que no hubo delito, se evalúe las implicancias éticas del caso.
El dictamen del Tribunal de Ética cuestionó las comunicaciones que la jueza mantenía con el exintendente de Pilar, Diego Bechis, quien fue condenado por defraudación junto con el asesor letrado municipal, Cristian Moyano, debido a la venta fraudulenta de terrenos comunales. En contactos telefónicos y también escritos a través de Whatsapp o correos electrónicos, la jueza Martínez Gavier le aporta datos sobre el funcionamiento interno del juzgado, otras informaciones sobre las medidas solicitadas por la fiscal de Instrucción Patricia Baulies que acusó a Bechis y Moyano, con la finalidad de favorecer a los exfuncionarios ya condenados.
En parte de esos mensajes asentados en el expediente del Tribunal de Ética, la jueza llega a sugerirle a Bechis que recuse a la fiscal para que la causa destinada a una jurisdicción “más tranquila”.
Otro de los motivos que fundamenta el pedido de jury de enjuiciamiento de los fiscales generales es la “aceptación de obsequio que excede la mera cortesía” y también tiene relación con Bechis. Precisamente el ex intendente de Pilar le regaló a la jueza una mesa de madera, que el Tribunal de Ética valoró como una cortesía que excede las normas éticas.
El tercer fundamento denunciado por los fiscales Gómez Demmel y David está vinculado a la “vulneración del debido proceso en causas tramitadas ante su juzgado”. Por caso, en el dictamen del Tribunal de Ética se especifican intercambios de correos electrónicos entre la jueza Martínez Gavier y el ex asesor letrado Moyano, donde se evidencia que fallos dictados por la magistrada eran copias prácticamente literales de los textos que redactaba el entonces asesor letrado de Pilar.
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