Especialista advierte que la Ley de Libertad Educativa podría generar retrocesos y desigualdad

El proyecto de Ley de Libertad Educativa propone derogar la Ley de Educación Nacional (LEN Nº 26.206), vigente desde 2006, que regula el sistema de educación básica en el país. La iniciativa establece la “libertad educativa” como principio rector, otorgando a las familias un rol preferente en la educación de sus hijos y relegando al Estado a un papel subsidiario en el sistema.

Entre los principales cambios, la norma habilita nuevas modalidades de enseñanza, incluyendo la educación en el hogar y modalidades híbridas o a distancia, sin establecer una edad mínima para su aplicación. Además, permite que las escuelas, incluso las estatales, tengan plena autonomía pedagógica y elimina la obligación de destinar un porcentaje mínimo del PBI a educación, modificando la exigencia del 6 %. El proyecto también contempla evaluaciones periódicas, transformación del régimen docente y mecanismos de acreditación para quienes estudien en modalidades alternativas.

Para Viviana Posta, especialista en gestión educativa, la ley representa un retroceso significativo respecto a los avances alcanzados en los últimos años. La experta advierte que otorgar al Estado un rol subsidiario podría generar desigualdad y fragmentación entre escuelas, afectando directamente a los estudiantes y su acceso a oportunidades educativas equitativas.

Posta también alerta que la norma podría profundizar las diferencias entre alumnos de distintos entornos y poner en riesgo la estabilidad laboral de los docentes, al modificar la organización y el financiamiento del sistema educativo.

La Ley de Libertad Educativa, que busca ampliar opciones de enseñanza y otorgar mayor autonomía a instituciones privadas, enfrenta críticas por sus posibles efectos en la cohesión social y en la calidad del sistema educativo público, aspectos que la especialista considera fundamentales para el desarrollo educativo del país.

Con el debate abierto, especialistas y autoridades analizan las implicancias de la norma y los mecanismos necesarios para garantizar que los cambios no afecten negativamente a los sectores más vulnerables del sistema educativo.