El Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Con una votación de 42 avales, 28 rechazos y 2 abstenciones, el oficialismo logró aprobar cambios estructurales en el sistema de contrataciones en Argentina. Los senadores cordobeses Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo fueron piezas fundamentales para alcanzar la mayoría necesaria en el recinto.
La jornada legislativa estuvo marcada por una fuerte tensión política entre el bloque oficialista y la oposición de Unión por la Patria. La administración de La Libertad Avanza consiguió sumar el apoyo de la UCR, el PRO y sectores del peronismo disidente. De esta manera, el Ejecutivo concluye el primer tramo de sesiones extraordinarias con una victoria estratégica frente al FMI y los mercados.
Los tres representantes de la provincia de Córdoba mantuvieron una postura unificada para dar luz verde a la iniciativa gubernamental. Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero lideraron la defensa del proyecto desde la visión oficialista y aliada. Por su parte, la senadora Alejandra Vigo acompañó la medida, consolidando el bloque cordobés como un aliado clave en las reformas nacionales.
La nueva normativa introduce el Fondo de Cese Laboral, permitiendo sustituir las indemnizaciones tradicionales mediante convenios colectivos. También se estableció un blanqueo de trabajadores que condona multas a empleadores que regularicen su situación registral. Además, el período de prueba para nuevos empleados se extenderá desde los seis meses hasta un año.
Otro punto de gran impacto es la restricción a la acción sindical, especialmente en lo referido a los bloqueos de empresas. La ley ahora considera estas protestas como una causal de despido justificado para proteger la actividad productiva. Desde las centrales obreras ya advirtieron que presentarán recursos judiciales para frenar la aplicación de varios artículos que consideran inconstitucionales.
Con esta sanción, el presidente logra su mayor éxito legislativo desde la Ley Bases en un contexto de alta polarización. La aprobación se dio apenas horas después de que la Cámara Alta también votara la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno Nacional envía así una señal de gobernabilidad y fortaleza política al finalizar el mes de febrero de 2026.
