El jornalero, que se ganaba el sustento como "bagayero", como se les dice en la frontera a quienes trasladan productos entre Bolivia y Argentina, estuvo preso por contrabando de estupefacientes pero en julio de 2020 fue absuelto porque el Tribunal Oral Federal (TOF) Criminal N° 1 de Salta consideró que no había podido discernir sus actos debido a sus discapacidades, que fueron comprobadas por el cuerpo de peritos de la Defensoría General de la Nación.
Tras la recuperación de la libertad por parte del ciudadano boliviano, la Defensoría General de la Nación interpuso una denuncia ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en la que se demostró que el Estado argentino violó a lo largo del proceso varios artículos -el 9, 13, 14, 17 y 25- de la Convención internacional que protege a los individuos con esta problemática.
Por este motivo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación propuso un acuerdo de solución amistosa a la defensora pública oficial que patrocinó al jornalero -cuyo nombre es Raúl Roberto Cardozo Subía- en el que reconoció la responsabilidad del Estado argentino en el caso y se comprometió a llevar adelante medidas reparatorias y de prevención para que hechos de este tipo no se repitan.
El acuerdo implica la puesta en marcha de una serie de iniciativas por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que difundió este miércoles la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, a cargo de María Laura Garrigós.
La solución amistosa a la que arribó el Estado argentino ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU es la primera de su tipo.
En su gestación intervinieron el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, la defensora oficial María Florencia Hegglin -quien actuó por delegación de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez- y la propia Garrigós, que además es interventora del SPF.
Lo acordado entre las partes compromete al Estado argentino a implementar un cuestionario que identifique posibles limitaciones o dificultades de carácter intelectual en las primeras 72 horas de ingreso de una persona a una cárcel del SPF.
Ese cuestionario de identificación temprana deberá ser aplicado por profesionales idóneos en la evaluación de la salud mental y, en caso de comprobar algún tipo de discapacidad, se dará intervención al Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus).
Otro de los compromisos del Estado argentino es elaborar un protocolo de actuación para este tipo de situaciones que será confeccionado de manera conjunta por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, el Servicio Penitenciario, la Secretaría de Derechos Humanos y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Para implementar el testeo de identificación temprana y el protocolo de rigor, el Estado pondrá en marcha "programas de capacitación permanente" para integrantes del SPF en base a los estándares internacionales de protección de derechos de las personas con discapacidad.
Esa capacitación específica deberá abarcar también a los jueces, secretarios de juzgados y operadores jurídicos con competencia penal, informaron este miércoles las fuentes oficiales.
Fuente: Télam
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