La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a cuatro años de prisión contra Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que provocó la muerte de 52 personas. El exministro de Planificación Federal deberá presentarse este jueves a las 10 en Comodoro Py, luego de que la sentencia quedara firme.
El fallo ratifica la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4, que en 2018 condenó a De Vido por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Los jueces consideraron que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
En ese juicio, el exministro fue absuelto por el delito de estrago culposo, pero condenado por su falta de control sobre los recursos públicos. Desde entonces, el proceso judicial atravesó varias instancias hasta llegar al máximo tribunal, que ahora dejó firme la pena.
De Vido, de 75 años, no había estado detenido durante el juicio por la tragedia ferroviaria. Actualmente se encuentra en su chacra de Zárate, pero deberá presentarse ante la Justicia y podría volver a prisión a partir del jueves.
El exfuncionario perdió sus fueros como diputado en 2017 y fue detenido por primera vez en la causa Río Turbio, permaneciendo dos años en el penal de Marcos Paz. Luego obtuvo prisión domiciliaria y finalmente recuperó la libertad en marzo de 2020.
La de Once es la primera condena firme contra De Vido, pero no la única causa en su contra. El exministro enfrenta el caso Cuadernos, que comenzó la semana pasada, y el caso Skanska, por el cual el fiscal Abel Córdoba pidió cinco años de prisión.
Además, en 2024 fue condenado a cuatro años de cárcel por irregularidades en la compra de 11 buques de gas natural licuado (GNL). En contraste, resultó absuelto en la causa Mamá Corazón, en la que fue juzgado junto a la actriz Andrea del Boca.
La confirmación de la condena por la tragedia de Once representa un hito judicial en los casos de corrupción vinculados a la gestión kirchnerista. Es la primera sentencia firme sobre el exministro de Planificación, quien fue uno de los funcionarios más poderosos entre 2003 y 2015.
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