Fuentes de la cartera comandada por Luis Petri dijeron a la agencia Noticias Argentinas que no fue una decisión del Ministerio sino que "acataron" una orden judicial.
"La Justicia nos ordenó darles de baja porque tienen una sentencia firme de lesa humanidad. Nosotros no hicimos más que acatar una orden de la Justicia, eso es todo", expresaron.
Según el Ministerio, las bajas "no responden a una decisión unilateral" de la cartera, sino que es una orden del Poder Judicial de la Nación que, a su vez, fue notificada por el Ministerio Público Fiscal, "obligando al cumplimiento de la medida" que se les aplicó a los 23 agentes militares que fueron imputados.
Quien solicitó formalmente las bajas de los uniformados fue el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.
El documento fue enviado tanto al ministro Petri como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo.
"Solicito que se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad", concluyó el pedido.
Por su parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó "el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada".
Agregó que las condenas se encuentran firmes y están "agotadas todas las instancias recursivas", luego de haber sido condenados por "graves violaciones a los Derechos Humanos"
NA
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