Una decisión del Gobierno que duró apenas tres días podría terminar en los tribunales. El diputado nacional cordobés Oscar Agost Carreño presentó una denuncia penal contra funcionarios del Poder Ejecutivo por el Decreto 682/2025, que eliminó transitoriamente las retenciones a la exportación de granos y subproductos.
La medida, según el legislador, abrió una puerta que unas pocas cerealeras cruzaron a toda velocidad: en solo 72 horas concentraron exportaciones por 7.000 millones de dólares, mientras la mayoría de los productores quedaban afuera.
De acuerdo con el escrito, el Estado habría dejado de recaudar alrededor de 1.500 millones de dólares, lo que, según el diputado, configura un perjuicio económico significativo para las arcas públicas.
El texto judicial apunta a posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y uso de información privilegiada.
“La medida no solo fue intempestiva y regresiva, sino que permitió una maniobra que favoreció a unos pocos, en detrimento del conjunto de los productores y del Estado”, señaló el representante del PRO en declaraciones públicas.
La denuncia ya fue presentada ante la Justicia federal y se espera que en los próximos días se sortee el juzgado que llevará adelante la investigación. Desde el Poder Ejecutivo aún no se han pronunciado oficialmente sobre la presentación judicial.
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