La Cámara de Senadores de Uruguay dio luz verde ayer al proyecto de Ley de Muerte Digna, legalizando así la eutanasia en el país. Tras un extenso debate de más de diez horas, todos los representantes del oficialista Frente Amplio respaldaron la iniciativa, sumándose también algunos legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, lo que permitió alcanzar una mayoría amplia.
La normativa aprobada garantiza el derecho a “morir con dignidad”, despenalizando la eutanasia para mayores de edad que estén en pleno uso de sus facultades mentales y atraviesen una etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o sufran dolores que resulten insoportables.
Antes de la votación, Beatriz Gelós, quien convive desde hace dos décadas con ELA, compartió su esperanza de que el Senado finalmente pusiera fin a años de discusiones parlamentarias y convirtiera en ley el proyecto de eutanasia. “Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”, expresó Gelós días previos a la decisión.
Con esta aprobación, Uruguay se incorpora a un pequeño grupo de países que permiten este procedimiento, entre los que se encuentran Canadá, Países Bajos y España. En nuestra región, Colombia despenalizó la eutanasia en 1997 y Ecuador se sumó el año pasado, ambos mediante fallos judiciales.
Entre los requisitos para acceder a la eutanasia figuran ser mayor de edad, ciudadano o residente, y estar mentalmente apto en la etapa terminal de una enfermedad incurable o que cause sufrimientos extremos, afectando gravemente la calidad de vida. El paciente debe atravesar instancias previas y dejar constancia escrita de su voluntad.
El debate en el Senado se llevó a cabo en un clima de respeto, con exposiciones sólidas tanto a favor como en contra, y la presencia de decenas de personas en las gradas. Al finalizar la votación, se escucharon protestas de los opositores y la presidencia del cuerpo pidió desalojar la tribuna.
La base jurídica de la ley se apoya en la Constitución uruguaya (artículos sobre libertad de conciencia, derechos inviolables y vida digna), en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en leyes nacionales sobre derechos de pacientes y voluntades anticipadas.
Para el senador oficialista Daniel Borbonet, el texto aprobado es “sólido” y “brinda seguridad jurídica”. Por su parte, Pedro Bordaberry, desde una postura crítica, consideró que se trata de “una ley de fomento” de la muerte asistida.
“Llegó el momento”
A sus 71 años, Beatriz Gelós enfrenta desde los 52 la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que paraliza progresivamente los músculos hasta provocar la muerte. En silla de ruedas y con voz débil, compartió antes de la votación que “llegó el momento” de cerrar este debate. A quienes se oponen, les dijo: “no tienen idea lo que es vivir así”. Apasionada por la lectura y la docencia, y abuela de dos chicos, desea “tener la opción” de decidir cuándo poner fin a su sufrimiento.
En una situación similar, la madre y el hermano de Pablo Cánepa también alzaron su voz. Pablo, de 39 años, padece una enfermedad rara e incurable. Casi completamente paralizado y con espasmos, recurre a sedantes. Se mantiene lúcido y pide terminar con el calvario que atraviesa desde hace cuatro años. “Pablo está agonizando hace años y la aprobación fue un verdadero alivio”, contó su hermano Eduardo Cánepa. “Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene”, resumió su madre Mónica.
Para la activista Florencia Salgueiro, quien siguió la sesión desde las gradas, el punto clave de la ley es el respeto por la voluntad de los adultos de poner fin a su sufrimiento. Salgueiro fue testigo de la lucha de su padre por recibir ayuda para morir cuando el ELA hizo sus días insoportables. Él falleció sin poder cumplir ese deseo.
Una ley con garantías
Quienes apoyan la ley destacan que su redacción ofrece garantías y refleja la tradición de Uruguay de aprobar leyes progresistas, como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y la legalización del aborto. Según una encuesta de Consultora Cifra presentada en mayo, más del 60% de los uruguayos respalda la legalización de la eutanasia, mientras que solo un 24% se opone.
El Colegio Médico optó por respetar la diversidad de opiniones de sus miembros y no adoptó una postura institucional. No obstante, participaron en el proceso para asegurar “las máximas garantías para pacientes y médicos”, según explicó el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.
La Iglesia Católica expresó su “tristeza” ante la aprobación en Diputados, y el rechazo a la ley también se manifestó fuera del ámbito religioso. Más de una decena de organizaciones objetaron el texto por considerarlo “deficiente y peligroso”.
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