En el 2014 ocurrió un incendio y derrumbe inesperado para muchos, pero acaso planeado por unos pocos. Fueron 10 personas, entre bomberos y rescatistas, que murieron mientras intentaban apagar las llamas.
El caso está repleto de irregularidades y misterios. Las alarmas fueron desoídas y desactivadas repetidas veces por parte del vigilador contratado en el lugar.
Las cisternas de agua estaban vacías y se encontraron acelerantes con combustible.
Es más, la empresa (dedicada al almacenamiento de archivos) funcionaba sin los permisos y habilitaciones necesarias.
Los principales acusados son Guillermo Lockhart, directivo de la empresa; Oscar Godoy, el vigilador, y Nicolás Griffo, inspector estatal.
Los familiares de fallecidos están convencidos de que el fuego fue propagado de forma intencional. Alegan que organismos estatales estaban a punto de inspeccionar en los depósitos de Iron Mountain por acusación de lavado de dinero, por lo que la empresa aparentemente intentó hacer “desaparecer” información y pruebas. Pero la Justicia todavía no se ha pronunciado al respecto. De hecho, hubo procesados por esta causa, pero dicho procesamiento no quedó firme, porque la Justicia debe determinar antes si el incendio ocurrió de forma intencional.
Pasaron casi 8 años, y no se ha convocado a un juicio. A pesar de tanto dolor, los familiares de las victimas no se rinden ante la impunidad. Siguen reclamando justicia.
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