El actual sistema está regulado por la ley 24.901 que garantiza una cobertura integral y universal en las prestaciones para las personas certificadas. (Certificado Único de Discapacidad)
La integralidad es el deber de la cobertura total al 100% de la prestación de servicios.
La universalidad es que todas las personas con discapacidad certificada, sin importar si tienen obras sociales, pueden acceden a servicios y prestaciones de la misma calidad.
El objetivo de estas marchas es evitar que el gobierno Nacional apruebe un decreto que propone esta modificación significativa que vulneraría las prestaciones básicas de discapacidad con la desregulación del sistema único, con graves consecuencias para las personas con discapacidad y las que prestan sus servicios en pos de este colectivo.
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