La Justicia de Córdoba dictó la primera condena por el call center tumbero en la cárcel de Villa María. En un juicio abreviado, once personas fueron sentenciadas a entre tres y cinco años de prisión efectiva por integrar una organización que realizaba estafas telefónicas desde el Establecimiento Penitenciario N° 5.
El proceso estuvo a cargo del fiscal Enrique Gavier y del juez de Control José Milton Peralta. Entre los condenados figuran internos como Iván Fernando Cittadini, Braian Nicolás Silva, Cristian José Vera y Daniel Jonathan Santucho, junto con mujeres que operaban desde afuera.
También recibieron penas Carmen Isabel Vázquez, Sofía Abbas, Agustín Valdez, Laura Moreno, Nancy Rosales, Lisandro Agasal y Mauricio Fernández. Además de las sanciones de prisión, se decomisaron celulares, dinero y armas de fuego halladas en allanamientos. En el caso de Rosales, se sumó la condena por tenencia ilegal de un revólver y una escopeta recortada.
La investigación determinó que la banda utilizaba celulares ingresados ilegalmente para crear perfiles falsos en redes sociales. Las estafas se concretaban principalmente a través de Marketplace, con ventas engañosas de muebles y forrajes.
El dinero transferido por las víctimas era desviado a cuentas controladas por los acusados. Entre los afectados se encuentran ciudadanos cordobeses y hasta un funcionario judicial. El expediente reveló que los fondos también servían para financiar la estructura delictiva.
El fiscal Gavier aclaró que la investigación no concluye con estas condenas. Están imputados varios funcionarios penitenciarios acusados de habilitar el ingreso de celulares y garantizar protección a los internos.
Entre ellos figuran Andrés Américo Aciar, Néstor David Gómez, Edgar Ezequiel Arroyo y Oscar Pablo Figueroa. Se los vincula con Sebastián Ezequiel Moyano, alias “el pluma”, señalado como líder del pabellón 11 y responsable de repartir ganancias dentro de la organización.
El fallo constituye la primera condena firme contra un call center tumbero en Córdoba. La Justicia busca marcar un límite al crimen organizado desde las cárceles y reforzar los controles para evitar nuevos hechos. La causa permanece abierta y no se descarta que se amplíen las imputaciones.
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